Anarquía Institucional

Por Ariel Fernando Rincón Almeyda

La reciente crisis institucional que ha sufrido nuestro país, a causa de la llamada yidispolítica, confirma algunas ideas de nuestra institucionalidad, sobre las cuales vale la pena reflexionar.

En primera instancia, queda comprobada la proclividad de nuestros supremos repartidores (gobernantes en todas las ramas del poder público) a crear escenarios de anarquía institucional, en los cuales el ciudadano no sabe quién es el que dirige la sociedad, bien porque todos los encargados de dirigir la sociedad mandan o porque los que mandan tienen la pretensión de mandar más que los otros.

En este sentido la corte suprema mandó a la corte constitucional a revisar un fallo y el presidente mandó hacer un referendo. Ante este escenario anárquico, el ciudadano queda preso de las circunstancias y asume la posición que mediáticamente le parezca correcta, la cual pasa por suprimir alguno de los poderes públicos: tumbar al presidente o eliminar las cortes. Es decir, en buscar una solución tendiente a la existencia de un supremo repartidor que le brinde más confianza. Lo delicado de esta circunstancia consiste en despertar en el ciudadano cierto espíritu de confianza en un solo poder público en desmedro de la división de poderes y su correspondiente balance institucional.

En segunda instancia, cada vez se hace más evidente el carácter político de la jurisdicción. Esta idea que era inconcebible bajo los parámetros del estado de derecho (siglos XVIII, XIX y parte del XX), se refleja con mayor claridad bajo el prisma del estado constitucional. Nuestro estado es un estado constitucional, en el cual las funciones legitimadores del estado pasan por la jurisdicción, pues es el escenario al cual el ciudadano recurre en búsqueda de respuestas prontas.

El rasgo político de la jurisdicción se evidenció por lo menos en dos momentos: 1. Cuando la sala penal de la corte suprema le solicita a la corte constitucional que revise la sentencia que avaló la reelección presidencial. La sala penal toma una decisión política de revisar la validez del ejercicio del poder ejecutivo. 2. El momento de la decisión de la corte constitucional. La corte decide que no es competente para revisar el fallo de constitucionalidad que avaló la reelección presidencial, en momentos de máxima favorabilidad de la acción del ejecutivo, pues consigue liberar a un grupo de secuestrados. El momento es fundamental, pues decide que es legítima la reelección en momentos de máxima legitimidad del poder ejecutivo.

Estas ideas son susceptibles de ser clasificadas dentro de escenarios prescriptivos y descriptivos. La primera de ellas, la creación de anarquía institucional, prescribe la desconfianza entre los poderes estatuidos y la segunda de ellas, la determinación política del ente jurisdiccional, describe que el estado constitucional implica la aceptación de la función política de los jueces.